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El proyecto propone multas de 10.000 euros por no declarar wallets con más de 100.000 euros.
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Francia reportó 77 ataques y secuestros a tenedores de bitcoin en la primera mitad de 2026.
En medio de una escalada de violencia física contra tenedores de bitcoin (BTC) y criptomonedas, los legisladores franceses avanzan en normativas que incrementan la recolección de información patrimonial.
Una nueva enmienda al proyecto de ley de presupuesto 2027 busca forzar la declaración de monederos de autocustodia pertenecientes a grandes inversores.
El texto I-CF821, impulsado por el diputado Charles de Courson, estipula que los residentes deberán declarar todas las wallets de autocustodia que posean un valor igual o superior a 100.000 euros al 31 de diciembre.
Quienes no cumplan con esta exigencia enfrentarían sanciones de hasta 10.000 euros. Según un reporte del medio especializado Journal du Coin, la medida, que sigue en tratamiento en la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, pretende cerrar la brecha entre los 3.500 millones de euros en plusvalías generadas en el mercado en 2021 y los apenas 400 millones efectivamente declarados ante el fisco.
La presión fiscal sobre el ecosistema no termina allí. La comisión ya aprobó en una primera instancia otras normativas como gravar el intercambio de activos por monedas estables a partir de 2027, y extender el impuesto de salida (exit tax) a los patrimonios en activos digitales que superen los 800.000 euros si el contribuyente decide trasladar su residencia fuera de Francia.
En paralelo, la directiva europea DAC8 obligará a las plataformas a recopilar y remitir a las autoridades las identidades y transacciones de sus clientes a partir del próximo año.
Esta exigencia de entregar más información ocurre apenas meses después de que la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) sufriera una brecha de seguridad que expuso a 678.000 contribuyentes, filtrando detalles de ingresos, domicilios y teléfonos.
La base de datos, extraída ilegalmente a mediados de 2026, contenía registros de más de 26.000 particulares con ingresos fiscales superiores a 100.000 euros, un perfil patrimonial que coincide de forma directa con los tenedores que la nueva enmienda sobre autocustodia pretende identificar.
El resguardo de la confidencialidad se ha vuelto un asunto de supervivencia para los inversores en el país europeo. De acuerdo con los registros expuestos por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el primer semestre de 2026 se registraron 77 incidentes físicos vinculados con activos digitales, incluyendo extorsiones, secuestros e invasiones a viviendas. Tal como lo reportó CriptoNoticias, la cifra representa casi el doble de los 45 casos reportados durante todo 2025.
La combinación de un registro estatal más exhaustivo sobre los monederos de autocustodia y la demostrada vulnerabilidad de las bases de datos gubernamentales plantea un escenario crítico para la privacidad financiera.
Mientras unidades de élite como el GIGN entrenan tácticas de intervención rápida con drones para enfrentar los crecientes secuestros, la posible aprobación definitiva de estas medidas presupuestarias dejará a los inversores ante una decisión límite: exponer su seguridad física declarando la tenencia y ubicación de sus fondos ante un Estado informáticamente vulnerable, o arriesgarse a severas penalidades económicas por mantener sus ahorros en el anonimato.
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