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Se cree que los bancos podrán bloquear operaciones sin el justificativo requerido.
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Vidal llama a resistir a un sistema que amenaza con convertir el dinero en una "cadena digital".
Los ahorros de los españoles nunca han estado tan en peligro como ahora. Una crisis económica voraz y la llegada del euro digital amenazan su seguridad financiera. Pero hoy en día nuevos elementos están alertando a los españoles sobre la inminente imposición de multas de 150.000 euros a ciudadanos en España por no notificar retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros con 24 horas de antelación.
Una afirmación que aseguraba una nueva medida por parte del gobierno español se propagó rápidamente en redes sociales, generando confusión y alarma. Sin embargo, la abogada Cris Carrascosa, reconocida experta en regulación financiera y criptoactivos, desmintió la información, calificándola de «totalmente incorrecta» y aportando claridad sobre la legislación vigente.
La controversia se originó a raíz de una publicación del usuario Alex Recouso (@alexrecouso) el pasado 9 de mayo, que advertía sobre supuestos «controles de capital europeos» en España y vinculaba esta medida a una presunta insolvencia de la Unión Europea. El tuit alcanzó una notable viralidad, acumulando más de 44.000 visualizaciones.
Ante la difusión de estos datos, la abogada Cris Carrascosa (@CarrascosaCris_), quien se autodefine como «la primera detractora de la Agencia Tributaria Española», intervino para precisar los hechos. «No sé de dónde salió esto, pero es totalmente incorrecto», afirmó en su cuenta de X (anteriormente Twitter). «Aclaremos las cosas: NO. No existe obligación de informar sobre los retiros de efectivo para los ciudadanos. NO. La multa no es de 150k [para los ciudadanos]».
La experta legal explicó que la confusión podría derivar de las regulaciones Anti-Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), comunes a nivel internacional. «SÍ. En todo el mundo existen regulaciones contra el lavado de dinero (AML) que obligan a los bancos a informar sobre los retiros de sus clientes, y SÍ, estas [regulaciones para entidades] tienen multas de 150.000 dólares [o euros, para los bancos que incumplen]«.
En respuesta a otro usuario, Bitspiral (@bitspiral), quien matizó que la referencia podría ser a la práctica bancaria de consultar al cliente por retiradas superiores a 3.000 euros y la posterior comunicación de esta información a la Agencia Tributaria, Carrascosa fue igualmente tajante: «El límite de 3.000€ no lo pone Hacienda. La multa nunca será para el ciudadano. La obligación del banco de reportar forma parte de una normativa que se aplica en más de cien países y por la que no veo tuits incendiarios».
Carrascosa concluyó que el tuit original estaba «técnicamente tergiversado adrede» e instó a la comunidad a ser rigurosa: «Por favor, antes de republicar cosas, al menos pregunte la fuente legal de la información». Aunque reconoce las críticas que se le puedan hacer a la administración tributaria, la abogada subraya la importancia de la precisión técnica al abordar estos temas.
Sin embargo, la Agencia Tributaria subraya que el efectivo sigue siendo uno de los principales medios para ocultar actividades ilícitas, por lo que considera indispensable aumentar el control sobre su circulación para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones económicas.
Por ello, la idea de limitar el efectivo es algo que se maneja desde hace varios años en España, como lo informó CriptoNoticias en su momento.
Lo que los organismos no parecen considerar son los beneficios que otorga el hecho de poder pagar en efectivo. Con este método, los españoles tienen en sus manos una fórmula irrastreable, fácil de llevar y útil para cuando falla la luz o los sistemas electrónicos. También, los habitantes cuentan con un recurso que han venido utilizando para comprar de manera anónima.
El control silencioso: ¿hacia un futuro de vigilancia estructural?
Además de un posible control sobre el dinero en efectivo, los españoles y demás residentes de Europa deben prepararse para la llegada de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) las cuales se presentan como una revolución financiera. Prometen eficiencia, inclusión y modernización, pero detrás de esta narrativa optimista se esconde un potencial inquietante.
Según el analista económico Marc Vidal, las CBDC no son solo una evolución tecnológica, sino una herramienta que podría transformar el dinero en un instrumento de control social, limitando la autonomía individual y reforzando sistemas de vigilancia estructural.
Como lo apunta Vidal, los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo (BCE), han insistido en que las CBDC, como el euro digital, no serán programables, es decir, no incluirán restricciones sobre cómo, dónde o cuándo gastar el dinero. Sin embargo, la evidencia práctica desmiente esta afirmación.
Lo demuestra el programa de billetera digital de Tailandia, lanzado en agosto de 2024, el cual es un caso paradigmático. Este programa, diseñado como un estímulo económico, distribuyó 10.000 bahts (unos 280 dólares) a 45 millones de ciudadanos, pero con condiciones que limitan la libertad económica.
En sí, es un caso que revela el potencial de control de las CBDC, ya que los fondos que distribuye caducan en seis meses, obligan al consumo inmediato, eliminando la posibilidad de ahorro. Además, el dinero solo puede gastarse en comercios locales dentro de un radio de 4 km desde la dirección registrada del usuario, restringiendo la movilidad económica y evocando el modelo de la «ciudad de los 15 minutos».
A esto se suman restricciones categóricas que prohíben compras en línea, como bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar o pago de deudas, limitando el gasto a categorías definidas por el gobierno. La trazabilidad total, mediante autenticación con códigos QR o una cédula de 13 dígitos y la exclusividad de comercios registrados, asegura un monitoreo completo de cada transacción, consolidando un sistema que prioriza el control sobre la autonomía financiera.
Las CBDC, lejos de ser una mera innovación tecnológica, representan un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Como advirtió John Stuart Mill en 1859, cualquier aumento en la capacidad de control del gobierno puede convertirse en una herramienta de opresión. La historia muestra que la libertad no se pierde de golpe, sino en pequeños pasos aceptados bajo promesas de comodidad o seguridad.
Significa que el euro digital, podría consolidar un sistema de vigilancia estructural donde cada transacción sea un dato más en el perfil de un ciudadano vigilado. Ante ese peligro, Marc Vidal dice que «es hora de despertar, cuestionar y resistir, asegurando que el dinero siga siendo un medio de libertad, no una herramienta de control».