¿Qué papel puede jugar la blockchain en la administración del presupuesto de Venezuela?

La blockchain de redes como Bitcoin o Ethereum tiene la capacidad de cambiar la forma en que se administra el presupuesto nacional de Venezuela. Los sistemas de votación con tokens permiten a las personas participar en la gobernanza de una red o —en casos hipotéticos— de una nación.

A finales del pasado mes de mayo, el Banco Central de Venezuela anunció la venta de 13,7 toneladas de oro pertenecientes a las reservas nacionales. La venta cerró en 570 millones de dólares, ganancias que ahora forman parte del presupuesto de la república. Las autoridades han logrado comercializar desde el mes de abril un total de 23 toneladas de oro, afirman fuentes cercanas.

Economistas de Bloomberg sugirieron que este dinero está siendo utilizado para financiar las importaciones al país, desafiando el bloqueo económico de Estados Unidos. En las redes sociales, los ciudadanos cuestionaron la venta de los lingotes, así como el uso que se le dará a este dinero. Discusión que se agrava por el conflicto político en el que se encuentra sumida la nación caribeña.

Más allá de las discusiones particulares en Venezuela, una tendencia se hace cada vez más notable a nivel mundial. Los gobiernos tendrán que enfrentar la realidad de que los ciudadanos del siglo XXI desean participar cada vez más en la gobernanza de su nación.

La democracia, tal como se creó en Atenas, contempla que cada ciudadano tiene derecho a tomar decisiones por el destino de su ciudad. Hoy en día, cuando hombres y mujeres pueden ejercer su derecho al voto y las tecnologías como Internet globalizan la información, los ciudadanos expresan la necesidad de crear un sistema que les permita representarlos directamente. Es en medio de estas exigencias que una blockchain pública, mantenida por ciudadanos, juega un papel importante.

Blockchain en la reserva de Venezuela

La tecnología blockchain de redes públicas, tales como Bitcoin, Ethereum o Monero, ofrece tres características que permiten desarrollar plataformas electorales más transparentes y participativas. La primera de ellas es el registro inmutable de información. La blockchain permite almacenar datos (en este caso votos) que no pueden ser alterados o borrados fácilmente por un bando contrario.

La privacidad que ofrecen ciertas redes como Monero o Zcash es conveniente para preservar el derecho al voto de los ciudadanos; evitando la censura, amenazas y extorsiones. Por último, las blockchains públicas facultan a todos los usuarios para revisar cada una de las transacciones e información suministrada en tiempo real. Es decir, en un proceso de votación cada ciudadano puede hacer seguimiento de la actividad, aumentando así la transparencia.

Estas redes, además, están constituidas por la participación de un conglomerado de personas que mantiene su funcionamiento y no solamente de un grupo selecto de autoridades. La eliminación de los intermediarios y, por ende, de un sistema centralizado que mantenga la red, propicia que los usuarios sean sus propios representantes.

Estos elementos ayudan a constituir un sistema de votación en donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de forma universal, directa y secreta. Asimismo, aplicado al tema de la reserva nacional, cada persona podría votar en tiempo real sobre cuáles proyectos gubernamentales deben ser financiados y determinar su prioridad.

Una blockchain, un voto

Son muchos los sistemas de votación con tokens que han tenido éxito en los últimos años. Por ejemplo, las blockchains especializadas en gobernanza, tales como Aragon, han demostrado que los usuarios pueden participar en la actualización de sus redes y en la resolución de disputas. Asimismo, redes especializadas en pagos como Dash también poseen sus mecanismos para permitir que los usuarios decidan si se hace una actividad o no.

El Partido de la Red, fundado en Argentina, es otro ejemplo de cómo los ciudadanos pueden integrar las tecnologías en la política. El partido se presentó en las elecciones al Congreso de Argentina en el año 2013, ofreciendo una plataforma de votación basada en la blockchain. Los ciudadanos podían utilizar la plataforma para votar a favor o en contra de una ley, decisión que sería defendida por el parlamentario en el Congreso.

La iniciativa generó a su vez un proyecto blockchain aún más ambicioso, conocido como Democracy Earth. El sistema permite que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, lleve a cabo procesos de votación totalmente públicos y descentralizados. Redes como Polys, Secure Vote y Coinstack también ofrecen el mismo servicio. Además de estas startups, organizaciones mexicanas y hasta el banco Santander también han estado evaluando recientemente el uso de la blockchain para votaciones internas.

Solo con el visto bueno

Claro está que una red de votación de este tipo solo podrá funcionar si goza del apoyo gubernamental. Las autoridades deberían estar interesadas en desarrollar sistemas en donde su población se sienta representada de forma más directa. Asimismo, para que el gobierno tome en cuenta dicha plataforma, la misma deberá estar incorporada a la gobernanza y leyes del país.

Existen precedentes de territorios que están probando el uso de la tecnología blockchain en su sistema electoral, como es el caso de la ciudad de Tsukuba en Japón. No obstante, hay que tomar en cuenta la situación política de Venezuela y los países latinoamericanos, cuyo panorama no propicia la introducción de nuevos mecanismos a la vieja política.

Las blockchains mantenidas por ciudadanos distribuyen el poder entre los usuarios, dándoles voz propia. Con un sistema de este tipo resulta más difícil para los gobiernos de corte totalitario y las democracias híbridas el poder controlar a la población. En este sentido, los sistemas blockchain mantenidos por ciudadanos podrían ser un gran «no» para los gobiernos latinoamericanos.

Si nos atrevemos a soñar en una realidad utópica, naciones como Venezuela podrían tener plataformas blockchain legales en donde los ciudadanos tomen decisiones por sí mismos. Es decir, apostar a una política gubernamental que tome en cuenta la voz de la mayoría, incluso en temas tan controversiales como el uso de las reservas de oro nacionales.

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