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EDITORIAL: Bitcoiners venezolanos temen persecución policial en medio de vacío legal

EDITORIAL: Bitcoiners venezolanos temen persecución policial en medio de vacío legal

Durante esta última semana, la comunidad Bitcoin de Venezuela ha tenido noticias de una serie de detenciones en el sector minero por parte de distintos organismos policiales del país. Esto ha levantado la alarma entre los bitcoiners venezolanos pues, a pesar de no existir legislación alguna que regule el uso o minado de bitcoins en el país, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha declarado que continuará sus investigaciones para “debilitar operaciones en criptomonedas” en el país.

Tan sólo esta semana, se ha hecho pública la detención de 6 individuos dedicados a la minería en dos oportunidades diferentes. La primera detención tuvo lugar en Charallave, estado Miranda, el día martes 25 de enero.  En dicha redada, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas puso a la orden de la Fiscalía a 4 personas bajo cargos de fraude cibernético y hurto de energía eléctrica. La segunda aprehensión se realizó el viernes 27 en el municipio Los Guayos del estado Carabobo, presentándose como un caso más turbio pues los detenidos fueron acusados de pertenecer a una red criminal polaca, dedicada al lavado de dinero, delitos informáticos y robo de electricidad. Este operativo fue realizado por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Esta no es la primera vez que se presencian en Venezuela detenciones de mineros de criptomonedas. En marzo de 2016, también en el estado Carabobo, fueron arrestados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) dos hombres bajo cargos de ilícitos electrónicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir y presunto contrabando de mercancía (al no presentar documentos de importación por los equipos de minería de bitcoins). Esto fue seguido por un artículo realizado por la televisora Estatal VTV, desbordado de errores teóricos y desinformaciones respecto a las criptomonedas, que desde CriptoNoticias nos encargamos de desmentir.

Resulta curioso que en los tres casos hayan sido organismos distintos los encargados de realizar los operativos. De igual manera, resalta que las acusaciones que vinculan los casos sean delitos cibernéticos y hurto de electricidad, esta última sólo para los dos casos más recientes. Respecto al hurto de electricidad, parece extraño que, con las cantidades de dinero que generarían centros de procesamiento de datos de esa talla, sin mencionar la dificultad de ocultar el nivel de consumo eléctrico que necesitaría su funcionamiento, hayan decidido no pagar la factura eléctrica. Cabe aclarar que en Venezuela los subsidios estatales al servicio eléctrico hacen sumamente rentable practicar la minería, a diferencia de muchos países del resto del mundo. Quizás desde esta perspectiva empresarial fue que el hijo del diputado PSUV Guido Ochoa compró la compañía Hashfast Tecnologies en el 2014, junto con todo su inventario de equipos de minería.

Por otra parte, está la acusación por delitos informáticos. Revisando con detenimiento la Ley Especial contra Delitos Informáticos, no se encuentra ninguna mención a Bitcoin, criptomonedas o minería, como sucede en el resto de la legislación venezolana. El artículo 14° del Capítulo II de dicha ley, titulado De los Delitos contra la Propiedad, es el único artículo que podría vincularse a las acusaciones de fraude electrónico realizadas por los organismos policiales. Este reza:

Artículo 14º Fraude. El que, a través del uso indebido de tecnologías de información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias.

Ley Especial contra Delitos Informáticos

Sin embargo, se desconoce cuales habrán sido las instrucciones falsas o fraudulentas que lograron insertar los acusados ni en perjuicio de quien se obtiene el beneficio por la práctica de la minería.

Cabe clarificar, para los no entendidos en el asunto, que la minería es un proceso necesario en la economía Bitcoin para la certificación de transacciones en la red. Es un servicio en el que se presta un hardware personal para corroborar que los intercambios realizados en el mundo son válidos y no fraudulentos. Por prestar este servicio, los mineros reciben una recompensa creando nuevos activos digitales que a partir de ese momento les pertenecen como propiedad.

Y es que el tema de las criptomonedas, dada su novedad, no ha sido discutido por ninguna autoridad legislativa en el país latinoamericano. Ni siquiera se han dado declaraciones oficiales al respecto, más allá de las ofrecidas por los organismos represivos luego de realizar sus redadas.

Podría decirse, por otra parte, que la emisión de criptomonedas atenta contra las disposiciones de la Ley del Banco Central de Venezuela, entre cuyas funciones se contempla “Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir especies monetarias”. Con todo, al no haber ningún pronunciamiento oficial respecto al status legal de las criptomonedas en Venezuela, es imposible determinar si estas son consideradas como una especie monetaria en el país, pudiendo fungir también como propiedad, depósito de valor, commodity, mercancía o servicio de pago, razón por la cual tampoco se estaría hablando de un ilícito cambiario si se cambia una propiedad por bolívares.

Visto desde esta perspectiva, Bitcoin y las demás criptomonedas se encuentran en un vacío legal en el país: no han sido reconocidas oficialmente en ningún momento por organismo estatal alguno, ni de manera favorable ni desfavorable. Y, según el principio jurídico de Hans Kelsen, por el cual todo lo que no está prohibido, está permitido, Bitcoin estaría permitido en Venezuela.

Es de importancia aclarar que desde CriptoNoticias no nos encontramos haciendo apología al delito. Si las personas detenidas en efecto actuaron en perjuicio de la ley, quedará de parte del Poder Judicial venezolano determinarlo. Este tan sólo es un análisis de los alegatos esgrimidos a la hora de detener a los mineros y su relación con el corpus normativo de Venezuela. Sin embargo, preocupa, también desde la perspectiva legal, que el Ministerio de Interior y Justicia haya hecho pública la continuidad de sus persecuciones a usuarios de un activo digital que no se encuentra penado en ninguna ley, a través de la siguiente declaración:

Asimismo, continúan los trabajos de investigación en diversas partes del país para debilitar operaciones de criptomonedas.

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz

A través de foros y redes sociales, la comunidad Bitcoin de Venezuela ha manifestado su temor ante dichas declaraciones. El Ministerio no ha aclarado a qué se refiere con “debilitar operaciones de criptomonedas”, si se trata de la actividad minera, compraventa de esta propiedad digital o cualquier transacción vinculada a esta economía de Internet; ni tampoco si planea separar las transacciones legales de aquellas que estén sirviendo para actividades ilícitas como el lavado de dinero.

Esto ha llevado a las personas a conjeturar que pueda estarse criminalizando una actividad que no se encuentra penada en el corpus legislativo venezolano. Resulta necesario un pronunciamiento de las autoridades competentes que aclaren la situación, pues hasta los momentos se desconocen los móviles que manejan los oficiales para realizar esas investigaciones y a qué se refieren exactamente con términos como “debilitar”, “operaciones” y “fraude cibernético”.

El fenómeno Bitcoin en Venezuela

La crisis económica que atraviesa Venezuela es un secreto a voces. En el mundo es conocido cómo el índice inflacionario del país golpea la liquidez de sus ciudadanos. Esto sin mencionar problemáticas como la escasez de productos de primera necesidad.

En este marco, muchos venezolanos han encontrado en Bitcoin un depósito de valor de gran rendimiento para preservar y hasta aumentar el valor de su dinero ante la depreciación de la moneda nacional, el bolívar —aumentar, pues cada vez que sube el precio de Bitcoin en el mercado internacional, sus ahorros pueden hasta doblar su precio original. Además, por su cualidad de medio de pago digital e internacional, algunas personas han logrado a acceder a productos de urgencia por las facilidades que ofrece la moneda a través de Internet. Cada vez son más los venezolanos que utilizan Bitcoin para adquirir medicinas que no se consiguen en el país a través de plataformas como United Pharmacies y CoinRx, así como también alimentos y productos básicos comprados en tiendas virtuales como Amazon.

Bitcoin o algún tipo de moneda digital, de ser abrazada por el Estado Venezolano, podría, si bien no solucionar los radicales problemas económicos que sufre el país, sí aliviar la situación para sus ciudadanos. Esto ha sido de relieve en anteriores artículos realizados por CriptoNoticias.

Además de blindar a los ciudadanos contra los ataques de la inflación, puede ser muy útil a la hora de realizar pagos de productos con cifras de alta denominación en lugares sin punto de venta. En vez de necesitar un cargamento de billetes, o por el contrario, no poder adquirir el producto por no tener efectivo, con Bitcoin podrías realizar pagos desde tu cartera digital tan a la mano como tu celular. Además, serviría como alternativa a la hora que los puntos de venta fallen, tal como ya ha sucedido anteriormente. Mediante Bitcoin, puedes hacer uso de tu propio dinero sin verte impedido por restricciones bancarias, las cuales dan la sensación de que son los bancos los dueños de tu dinero.

Si en vez de realizar persecuciones, el Estado Venezolano reconociera la utilidad de estos innovadores servicios de pago, tal como ya lo han hecho sus homólogos ideológicos en China, el beneficio sería general, pues hasta el Estado eliminaría los elevadísimos costos incurridos en la impresión de billetes, y acabaría con el supuesto tráfico de papel moneda en la frontera con Colombia.

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