Cuando el poder del gobierno se vuelca contra Bitcoin, caso Estados Unidos

Con el transcurrir de los años los crecientes niveles de adopción de Bitcoin (BTC) han generado una ola de medidas regulatorias en casi todos los países. Uno en particular, los Estados Unidos, está llevando la fiscalización de la primera criptomoneda a un espacio más amplio que involucra desde el Departamento de Justicia, hasta el propio Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La fiscalización de Bitcoin en los Estados Unidos no solo corresponde a reguladores financieros o tributarios, sino a diferentes organismos que se adjudican competencias de investigación, según la labor que desempeñan. Para poner en contexto se puede hacer una simple analogía.

No es lo mismo que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se involucre con bitcoin como activo, a que lo haga la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), por ejemplo. La primera tiene entre sus objetivos proteger a los inversionistas contra potenciales fraudes o estafas, mientras que la segunda tiene un campo más amplio de acción: garantizar la seguridad del país a través del análisis de la información.

El que instituciones adscritas al Departamento de Defensa, una de las secretarías con mayor presupuesto del mundo, acerquen la mirada a Bitcoin no es poca cosa. No solo se trata de la NSA, también está el Ejército como organismo armado y el Servicio Secreto que depende de Departamento de Seguridad Nacional.

Algunas de estas entidades están contratando a empresas del ecosistema como Chainalysis, Elliptic, CipherTrace o Coinbase para adelantar sus averiguaciones. El que las compañías hayan ofrecido sus servicios a las agencias del gobierno ha levantado un polvorín de críticas en diversas comunidades que siguen cuestionando estas decisiones.

El propio presidente Donald Trump habría solicitado al Departamento del Tesoro «ir tras bitcoin», según el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El jefe de Estado ha hecho público su desagrado con la criptomoneda al decir que no se trata de dinero y que facilita el tráfico de drogas y actividades ilegales.

A continuación, hacemos un repaso por al menos ocho organismos de los Estados Unidos que están investigando (no fiscalizando) a Bitcoin, a las criptomonedas y hasta a los contratos inteligentes sobre Ethereum.

Servicio de Impuestos Internos (IRS)

La oficina tributaria ha sido una de las primeras jurisdicciones de los Estados Unidos en investigar a Bitcoin. En el 2014 el IRS publicó su primera guía sobre criptomonedas y determinó que serían tratadas como una propiedad o activo, por lo que debían declararse impuestos.

En el 2017 la entidad comenzó a averiguar a los usuarios de Coinbase que registraban transacciones por más de 20.000 dólares. El servicio también confirmó, en julio del 2019, que estaba entrenando a su personal para el rastreo de criptomonedas.

Hace más de un año el IRS también habría propuesto, ante los agentes especiales de la División de Investigación Criminal (CI), escudriñar a los contribuyentes que posean criptomonedas. En ese entonces se informó que el IRS realizaría una averiguación exhaustiva con entrevistas, búsquedas en redes sociales y vigilancia electrónica.

Más recientemente, en julio de este año, el IRS dio un paso más en las investigaciones sobre Bitcoin. CriptoNoticias informó el mes pasado que la entidad iba ahora por los movimientos relacionados con criptomonedas enfocadas en la privacidad y operaciones con soluciones de segunda capa como la red Lightning de Bitcoin.

«El uso de monedas de privacidad se está volviendo más popular para el uso general, y también está viendo un aumento en su uso por los actores ilícitos», enfatizó el IRS, que estaría usando la herramienta de Coinbase (Coinbase Analytics) para las averiguaciones.

Servicio secreto

El Servicio secreto de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Coinbase para utilizar su software de análisis y monitorear las transacciones que se realicen en Bitcoin, según registros públicos difundidos en julio de este año. El contrato sería por 183.750 dólares con vigencia hasta el 2024.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, justificó la decisión al decir que la plataforma de análisis blockchain lo que hace es compilar datos públicos que ya están disponibles. La firma se encargaría es de organizarlos para que sean «más útil».

En junio del 2018 la dependencia solicitó al Congreso medidas legislativas para el uso de criptomonedas orientadas a la privacidad. En ese entonces Robert Novy, subdirector adjunto de la oficina de investigaciones, indicó que irían contra los delitos que se cometieran con Zcash (ZEC) y Monero (XMR).

La relación entre el Servicio Secreto y Bitcoin también incluye la detención de un exagente que fue hallado culpable, en el 2015, por el robo de 820.000 dólares en BTC durante la investigación a Silk Road. Además, hay que mencionar que el Servicio Secreto le ha seguido la pista a Bitcoin en operaciones encubiertas en la darknet.

Comisión de Bolsa y Valores (SEC)

Son conocidas las restricciones que la SEC ha tomado en contra de diversos proyectos de tokens, ofertas de valores no registrados y ofertas iniciales de monedas (ICO). Se trata tal vez de la oficina gubernamental con mayor competencia sobre activos digitales. Sin embargo, en las últimas semanas dos anuncios de la SEC profundizarían aún más su mirada sobre el ecosistema de las criptomonedas.

El 30 de julio el organismo hizo públicos sus planes de contratar servicios de vigilancia blockchain para ir sobre los contratos inteligentes de Ethereum y las aplicaciones de las finanzas descentralizadas (DeFi). La SEC alegó que quiere conocer cómo es su lógica y funcionamiento. La herramienta por la que opte la SEC debe tener la «capacidad de analizar los contratos inteligentes en busca de problemas de seguridad y vulnerabilidades».

Previo a este anuncio se informó que el ente fiscalizador contrataría a CipherTrace para poner la lupa sobre la blockchain de Binance y su criptomoneda, la Binance Coin (BNB). El acuerdo es por un año prorrogable para los próximos cuatro.

Ya en el 2017 la SEC había creado una unidad para combatir ciberdelitos vinculados a ICO y blockchain. El objetivo de la entidad era contrarrestar posibles amenazas que pudieran afectar a los inversionistas y a la industria financiera en general.

Otra comisión cercana a la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC), anunció en octubre del 2017 que las criptomonedas como bitcoin serían consideradas como mercancías o activos.

Ejército

Uno de los componentes militares más grandes del mundo también está adelantando investigaciones sobre Bitcoin. Aunque la competencia directa del Ejército de los Estados Unidos son las operaciones militares terrestres, su rango de acción también abarcaría a las criptomonedas bajo la premisa de que pueden usarse para fraudes, extorsiones y lavado de dinero.

Llama la atención que si ya existen agencias civiles que cubren estos posibles usos ilegales, el ejército también desee investigar sobre el tema. La Unidad de Delitos Cibernéticos del Comando de Investigación Criminal recibió, hasta el 20 de julio, propuestas de empresas especializadas para detectar delitos relacionados con bitcoin.

El ejército quiere adquirir una herramienta que le permita llevar a cabo investigaciones a profundidad sobre el origen de las transacciones con criptomonedas y proporcionar un «análisis de múltiples monedas desde bitcoin a otras criptomonedas importantes».

En este punto hay que mencionar que dos miembros del ejército fueron sentenciados en el 2017 por fraude con bitcoins. Los militares fueron los autores intelectuales de un esquema fraudulento para comprar números de tarjetas de crédito y débito robadas a usuarios y compañías en páginas web internacionales.

Más allá del ejército, el Departamento de Defensa dijo en junio de este año que Bitcoin podría ser utilizado en una rebelión contra el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a escenarios y simulaciones que maneja el Pentágono.

Departamento de Justicia y el FBI

Ambas oficinas federales participaron recientemente en una investigación que derivó en la supuesta incautación de millones de dólares a tres grupos terroristas: Al-Qaeda, Isis y a las brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas. En las pesquisas participó Chainalysis como empresa forense blockchain.

La oficina de justicia organizó en el 2015 una conferencia sobre criptomonedas y blockchain como una iniciativa para el debate sobre Bitcoin. La intención fue plantear ideas para contrarrestar potenciales delitos cibernéticos sin causar un impacto negativo en la tecnología.

Tres años después de la conferencia la agencia informó que estaba investigando una posible manipulación del mercado de criptomonedas. En mayo del 2018 el departamento dijo que analizaría la posible creación de órdenes falsas para propiciar una variación del precio de bitcoin, por ejemplo.

En el caso del FBI los señalamientos a Bitcoin han sido varios. En mayo del 2017 el exdirector, James Comey, declaró que las criptomonedas «oscurecen» las investigaciones policiales. El director actual, Christopher Wray, fue más allá al decir que bitcoin se había transformado en un problema creciente.

En otro hecho relacionado con el FBI, CriptoNoticias informó en julio de este año que un documento filtrado de la policía federal expuso un supuesto lavado de bitcoin usando monero.

Agencia de Seguridad Nacional y la DEA

De acuerdo con documentos cedidos por Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional rastrea a los usuarios de Bitcoin desde el 2013. Según un reporte publicado en marzo del 2018 por Intercept, la vigilancia sobre Bitcoin es una de las prioridades operativas de la agencia. Los documentos filtrados señalan que la NSA estaría utilizando la plataforma XKeyScore para investigar a los usuarios de bitcoin.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es otro organismo que cuenta con dependencias que actúan con fuerzas especiales enfocadas en las criptomonedas. En abril del 2016 se informó que había un grupo de trabajo que identificaba el uso de la tecnología en actividades criminales.

Además, como una apuesta para mejorar los niveles de seguridad en el país, el DHS financió en el 2017 casi 10 millones de dólares a proyectos basados en una blockchain.

En el caso de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la oficina habría negociado con Coinbase para utilizar su herramienta de investigación blockchain. CriptoNoticias informó el mes pasado que se habló de un contrato por 250.000 dólares para establecer una alianza de trabajo.

La DEA ha dicho en el pasado que solo el 10% de las transacciones con criptomonedas son usadas para actividades ilegales. A pesar de la afirmación, la agencia antidrogas aseguró, en febrero del 2020, que los cárteles de México y Colombia utilizaban las criptomonedas como un recurso para su funcionamiento.

Ya en octubre del 2017 la DEA había adelantado que Bitcoin era uno de los métodos comunes para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Como dato adicional hay dependencias de los Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro, que han incluido direcciones de Bitcoin en su lista negra por estar relacionada con actividades ilícitas como el narcotráfico.

Relación Chainalysis-Gobierno

Un reporte publicado por este periódico en febrero de este año destacó que Chainalysis mantiene relaciones de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos desde el 2015.

La compañía es el mayor contratista del gobierno para análisis blockchain y rastreo de transacciones con criptomonedas, con negociaciones que superarían los 14 millones de dólares. CipherTrace tendría contratos por 6 millones y Elliptic un contrato por 2.450 dólares.

La compañía ha ofrecido al gobierno y a las dependencias federales su herramienta Reactor para detectar transacciones sospechosas. En su sitio web la define como un programa que «conecta las transacciones con criptomonedas con entidades del mundo real».

La plataforma sirve para identificar cualquier dirección de criptomonedas e identificar «la entidad que controla el monedero y descubrir sus direcciones relacionadas».

En una entrevista previa con CriptoNoticias, Daniel Cartolin, analista de la empresa, indicó que uno de los objetivos de Chainalysis era atender las prioridades de las agencias gubernamentales. Además, dijo que el 50% del negocio atendía solicitudes de los gobiernos.

Los servicios que ofrece Chainalysis habrían sido acordados por al menos 12 agencias federales. Entre estas se encuentran las ya analizadas, pero también el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC), la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de la Fuerza Aérea.