Senadores opuestos a Trump quieren regular la minería de Bitcoin

El 10 de abril de 2025, los senadores demócratas Sheldon Whitehouse y John Fetterman presentaron en el Senado de Estados Unidos el proyecto de ley S.1475, conocido como el Clean Cloud Act, que propone regular las operaciones de minería de criptoactivos como Bitcoin (BTC) y las de centros de datos destinados a inteligencia artificial (IA).

La propuesta, que apunta a mitigar el impacto ambiental de aquellas actividades intensivas en energía estableciendo requisitos ambientales para su consumo eléctrico y emisiones, incluye sanciones financieras para quienes excedan los estándares establecidos. La ley se aplicaría a instalaciones con más de 100 kilovatios (kw) de potencia nominal instalada en tecnología de la información. 

El umbral de 100 kW establecido por el proyecto abarca la mayoría de las operaciones de las grandes compañías mineras, ya que un solo ASIC moderno puede consumir entre 3 y 4 kW, y un centro de esa índole opera con cientos o miles de unidades.  

Solo por mencionar un ejemplo de algunos de los ASIC de Bitcoin más utilizados actualmente por esas granjas de minería industriales, los Antminer S21 de Bitmain promedian un consumo eléctrico de entre 3 y 6 kW, de acuerdo con datos del sitio Whattomine.  

Por lo tanto, si un centro empleara 1.000 unidades de un S21, excedería fácilmente esos 100 kW, cayendo dentro del órbita de este nuevo proyecto de «ley».  

Un proyecto demócrata que enfrentará las ideas republicanas de Trump

En Estados Unidos, el proceso de promulgación de una ley comienza con la presentación de un proyecto en el Senado o la Cámara de Representantes. Tras su introducción, el texto es asignado a un comité pertinente, en este caso, a un analista legislativo en el Servicio de Investigación del Congreso, para su estudio y posibles modificaciones.  

Si se aprueba, el proyecto pasa al pleno de la cámara correspondiente para su debate y votación. Para convertirse en ley, debe ser aprobado por ambas cámaras en versiones idénticas y luego firmado por el presidente, quien tiene la facultad de vetarlo. Este proceso puede tomar meses o incluso años. 

Dado que Donald Trump, actual presidente de EE. UU. y la cabeza del partido republicano, se promulgó en favor de la minería de Bitcoin y de la adopción generalizada de los activos generales, este proyecto podría recibir trabas en el transcurso de su tratamiento o en la decisión final del mandatario. 

Posibles implicancias del proyecto de Ley S.1475

De aprobarse esta ley, aunque aún deba superar un extenso proceso legislativo, los mineros enfrentarían un aumento en los costos operativos, ya que deberían invertir en hardware más eficiente, lo que potencialmente reduciría el consumo eléctrico, o migrar hacia fuentes de energía renovable para cumplir con los límites de emisiones. 

Aquellos que no puedan adaptarse podrían optar por reducir su capacidad de hardware, limitando la cantidad de ASIC en operación, lo que disminuiría su poder computacional (hashrate) y, en consecuencia, su rentabilidad en un entorno donde la competencia y la dificultad de la red son cada vez mayores.  

Además, la prohibición que impone esta ley de trasladar las tarifas de las sanciones a los clientes obligaría a las empresas a absorber estas multas, afectando su rentabilidad y potencialmente incentivando la reubicación de operaciones a regiones con regulaciones menos estrictas o mayor acceso a energía limpia, lo que podría reconfigurar la distribución geográfica de la minería en el país. 

Un enfoque en el impacto ambiental de la minería

El proyecto de ley Clean Cloud Act o Ley de Nube Limpia (S.1475), que le añade enmiendas a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) de Estados Unidos, se centra en el consumo energético de las operaciones de minería de criptomonedas y los centros de datos de IA.  

Esas actividades consumen cantidades significativas de electricidad, lo que resulta en emisiones considerables de gases de efecto invernadero. La minería de Bitcoin, en particular, depende del mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW, por sus siglas en inglés), un proceso que demanda un uso intensivo de energía, ya que los dispositivos hardware empleados operan continuamente para competir por las recompensas. 

El proyecto destaca que «la minería de criptomonedas en Estados Unidos consume aproximadamente el 2% del suministro total de electricidad del país». Esta cifra, aunque significativa, refleja la creciente adopción de Bitcoin como activo y sistema, pero también pone de relieve las preocupaciones ambientales de los legisladores.  

Los senadores argumentan que, sin regulación, el aumento de estas actividades podría obstaculizar los objetivos climáticos nacionales, incluyendo la reducción de emisiones para 2030. 

En ese sentido, la minería de criptoactivos suele considerarse una actividad de alto consumo energético. Sin embargo, CriptoNoticias ha informado en varias ocasiones que, en algunas regiones como sitios remotos de Zambia, en África, o países en asiáticos, como Pakistán, la minería de Bitcoin es usada para aprovechar la energía que de otro modo se desperdiciaría, optimizando la red eléctrica.  

Además, existen otros casos de uso, como en una localidad de Finlandia, donde el calor generado por los ASIC se emplea para calefaccionar hogares. 

Límites de emisiones y sanciones

El texto especifica que «los operadores de instalaciones de minería de criptomonedas y centros de datos de computación intensiva deberán presentar informes anuales a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre su uso de electricidad y las fuentes de energía empleadas». 

Estos informes deben incluir: la cantidad total de kilovatios-hora consumidos por los equipos de minería; las fuentes de energía utilizadas, detallando la proporción de electricidad proveniente de carbón, gas, hidroeléctrica, solar, eólica u otras fuentes; y las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) generadas. 

En caso de exceder los límites establecidos, las empresas enfrentarían sanciones financieras. «Las instalaciones que no cumplan con los estándares de emisiones estarán sujetas a multas basadas en la cantidad de emisiones excedentes», indica la Ley S.1475.  

El proyecto establece que la EPA definirá las multas, así como también los límites de emisiones que variarán según la región, reconociendo las diferencias en las redes eléctricas locales. Estos límites, que se espera estén establecidos a finales de 2025, seguirán una trayectoria decreciente de emisiones que se reducirán un 11% cada año hasta alcanzar cero en 2035. 

Multas por exceso de emisiones

Las instalaciones que superen los límites regionales enfrentarán tarifas económicas. Según el texto ampliado, «las instalaciones que excedan los límites de emisiones pagarán tarifas ajustadas a la inflación según el exceso de emisiones». Esto significa que el monto de la multa será proporcional a la cantidad de toneladas de CO₂e emitidas por encima del estándar permitido.  

Por ejemplo, un centro de minería que emita 500 toneladas de CO₂e más allá de su límite pagará una tarifa mayor que uno que exceda por 50 toneladas, con ajustes anuales para reflejar la inflación.  

Además de las multas por emisiones, las instalaciones que no presenten los informes requeridos o proporcionen datos inexactos enfrentarán sanciones adicionales, aunque el texto no detalla el monto de estas penalizaciones. 

En última instancia, y de acuerdo con el texto del proyecto, los fondos generados por estas sanciones no serían destinados al presupuesto general, sino que se utilizarían para paliar posibles aumentos en el costo de la electricidad residencial mediante subvenciones a los municipios locales y también para financiar la implementación de energías limpias.