A finales del mes de mayo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la creación de un cuerpo operativo o task force que se daría a la tarea de investigar más a fondo el uso de las distintas criptomonedas y la tecnología blockchain, con la intención de desarrollar las regulaciones más adecuadas al respecto. Uno de sus miembros, Jakob von Weizsäcker, ya había presentado desde febrero un informe sobre el tema donde mostraba su preocupación por los usos ilícitos para los que podía prestarse el bitcoin, ya que se trata de un tipo de moneda pseudo-anónima que no está regulada por ningún organismo gubernamental del mundo.
Ahora, a unos meses de conformado este equipo internacional de monitoreo y supervisión para las criptomonedas, el mismo eurodiputado de quien parte la iniciativa, von Weizsäcker, se encuentra solicitando un financiamiento de al menos 1 millón de euros para seguir adelante con ella.
En función de destacar la importancia de esta inversión, describe en los archivos legislativos que un cuerpo operativo específicamente dedicado a monitorear la TCD (Tecnología de Contabilidad Distribuida) y sus aplicaciones otorgará la habilidad necesaria para encontrar sus riesgos potenciales sin coartar las innovaciones, que podrían impedirse ante una regulación prematura.
Asimismo, se justifica la petición afirmando que más de un billón de euros han sido invertidos en la tecnología TCD, mientras que los legisladores carecen de la experticia necesaria para comprender por completo el uso y potencial de las criptomonedas y la blockchain.
Así pues, lo que se propone von Weizsäcker y su cuerpo de trabajo es encontrar el equilibrio legislativo para esta tecnología emergente: implementar reglamentos antes de tiempo podría ahogar muchas iniciativas, pero hacerlo demasiado tarde puede llevar a la materialización de los posibles riesgos. La cantidad solicitada se dedicará a una investigación profunda que permita comprender en su totalidad la TCD, para, en los próximos años, aplicar la regulación más adecuada.
Tal como ya se planteó el Grupo Muskoka en su primera reunión, «descentralización no es lo mismo que desorganización». Y lo cierto es que el eurodiputado tiene fundamentos para preocuparse. El pseudo-anonimato del bitcoin puede permitir a usuarios inescrupulosos saltarse las medidas contra el lavado de dinero y los impuestos, así como simplificar la compra y venta de drogas y otros artículos ilegales que pueden encontrarse con sorprendente facilidad en la Deepweb. Una acusación más grave para el bitcoin surgió tras los atentados de ISIS en París el año pasado, pues fue apuntado como posible vía de financiación para el grupo terrotista.
Por todo lo anterior, las intenciones del Parlamento pueden ser bastante bienvenidas para asegurar una mayor transparencia y seguridad en el mundo de las criptomonedas.