La Commonwealth of Nations o Mancomunidad de Naciones, publicó el día 3 de Febrero un reporte instando a sus 53 países miembros a aclarar el status legal de bitcoin y demás criptomonedas en sus territorios.

La información se dio a conocer a través de una nota de prensa publicada en el portal oficial de la Mancomunidad de Naciones. El reporte, el cual lleva por título ‘The Commonwealth Working Group on Virtual Currencies’ o ‘Reporte del Equipo de Trabajo de la Mancomunidad sobre Divisas Virtuales’, comienza relatando que en la Reunión de Ministros de Justicia de la Mancomunidad, realizada en Botswana del 5 al 8 de Mayo de 2014, emprendieron las primeras aproximaciones a la tecnología al discutir sobre maneras de prevenir el cibercrimen.

Para concretar el acuerdo de proveer asistencia técnica a los países miembros de la mancomunidad en la lucha contra problemas como crimen cibernético, financiamiento terrorista y lavado de dinero, el Secretariado, órgano superior de la Mancomunidad, convino en realizar una Mesa Redonda de divisas virtuales el 17 y 18 de febrero de 2015.

Como resultado de dicha Mesa Redonda, se tomó la resolución de generar un reporte sobre la prevalencia e impacto de las divisas virtuales en la Mancomunidad. Además, enfatizaron la necesidad de guía técnica para los países miembros sobre el regulaciones y medidas legislativas potenciales que podrían ser implementadas para responder de manera efectiva a las criptomonedas. Fruto de estas resoluciones, aparece el mencionado grupo de trabajo que desarrolló el reporte.

Desde entonces, el grupo conformado por representantes de Australia, Barbados, Kenia, Nigeria, Singapur, Tonga, Reino Unido, el FMI, el Banco Mundial, la Interpol y la ONUDD, con colaboración del FBI y del Departamento de Justicia de los EE.UU, ha estado trabajando en la exploración y entendimiento de la tecnología, reuniéndose por primera vez de manera formal en agosto de 2015, en Londres, Reino Unido.

El reporte emanado del trabajo de este grupo, explora los beneficios, subraya los riesgos y realiza recomendaciones con el fin de ayudar a los países miembros a responder de manera efectiva a la tecnología y regularla. Establecen, en la nota de prensa, que representa el primer paso de la Mancomunidad hacía mejorar sus marcos regulatorios y legislativos con el fin de proteger el uso legítimo de las divisas virtuales y prevenir el crimen cibernético.

Kathalaina Sapolu, Directora de Estado de Derecho en la Secretaría de la Mancomunidad, comentó:

Reconociendo la rápida expansión de las divisas digitales y la necesidad de combatir el crimen cibernético, la Mancomunidad formó un grupo de trabajo de especialistas para ayudar a sus miembros a mejorar sus leyes para aprovechar los beneficios y contrarrestar los riesgos. Este reporte constituye los primeros descubrimientos del grupo y apunta a proveer un recurso informativo y útil para ayudar a los legisladores, policías, reguladores financieros y autoridades fiscales. Kathalaina Sapolu

El reporte provee una visión general y comprensiva de los desarrollos en el ecosistema de criptomonedas y blockchain, incluyendo secciones donde se remarcan sus más importantes casos de uso en esferas como pagos y remesas, donde las monedas virtuales ofrecen una alternativa mucho más económica y rápida comparada a la bancaria, hasta secciones no tan positivas donde se comenta sobre los usos de la tecnología por criminales cibernéticos. Sobre el reporte, comentó Sandra Sargent, Oficial Superior de Operaciones del Banco Mundial y contribuidora en su realización:

Es muy alentador observar la puesta en marcha de una aproximación cohesiva y coordinada del reporte de divisas virtuales por parte de los países de la Mancomunidad. Pienso que su valor va más allá de la sola audiencia de los Estados de la Mancomunidad. Yo ya lo recomendé a varios clientes del Banco Mundial como un documento guía para generar políticas. Sandra Sargent

A pesar de todos los beneficios que el reporte reconoce, no deja de observar el anonimato como un problema, pues le facilita a las redes criminales realizar transacciones financieras desde cualquier lugar del mundo sin ser identificados, sea para compra de drogas y armas, hasta lavado de dinero y financiamiento terrorista. Esto representa un dolor de cabeza para muchos gobiernos, como se ejemplifica en el proyecto de reforma de la Comisión Europea, el cual busca introducir las divisas digitales en la Ley Anti-Lavado de Dinero, con el fin de eliminar su anonimato.

Asimismo, el reporte resalta riesgos para las transacciones individuales por la falta de claridad en torno a la protección al consumidor y las dificultades para retornar el dinero producto de transacciones fraudulentas o disputadas.

Recomendaciones

Es por estas razones que el reporte urge a los países miembros de la Mancomunidad a promover la consciencia sobre las monedas virtuales y los potenciales riesgos derivados de éstas, en sus respectivas jurisdicciones. Recomienda a los reguladores financieros y bancos centrales tomar acciones para confirmar la aplicabilidad de la legislación existente, y llama para que se provea más dinero y entrenamiento para el cumplimiento de la ley.

Se exhorta a realizar un esfuerzo colaborativo entre los países miembros de la Mancomunidad y demás reguladores en el mundo para promover leyes que se ajusten a la tecnología. Se establece que las regulaciones deben ser las necesarias para prevenir el lavado de dinero y financiamiento terrorista, supervisando los usos de cajeros automáticos y servicios de cambio.

Con todo, el reporte reconoce que los legisladores deberán aproximarse de una manera innovadora al crear las leyes, pues los crímenes pueden ser cometidos sin cambiar su dinero a divisas estatales. Por esto, se recomendó actualizar la legislación correspondiente a los procedimientos criminales.

De igual manera, se instó a los estados miembros a realizar declaraciones públicas sobre la manera en que las divisas digitales caen dentro de las leyes tributarias cuando son usadas como medio de cambio, sugiriendo a las autoridades fiscales aclarar los regímenes tributarios aplicables a las criptomonedas y adaptarlos de ser necesario. Por último, se exhortó a extender marcos regulatorios de protección al consumidor para cubrir la industria.

Resalta el hecho de que no se hacen recomendaciones sobre regular los casos de uso de la tecnología blockchain. Por el contrario, se sugiere evitar su regulación, promoviendo que los legisladores se concentren en las interacciones financieras con criptomonedas, quizás una jugada inteligente en pro del desarrollo tecnológico dado que todavía se desconocen todos los potenciales casos de uso de blockchain.

A pesar de no estar reguladas o estar sub-reguladas, las divisas digitales son legales en todos los países de la Mancomunidad de Naciones, excepto en Bangladesh. Esto comprendería a Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Botsuana, Brunéi, Camerún, Canadá, Chipre, Dominica, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, India, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Malaui, Malasia, Maldivas, Malta, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Ruanda, Islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Vanuatu y Zambia.

Si bien algunas de las resoluciones del reporte posiblemente no sean del agrado de los miembros más radicales de la comunidad bitcoin, aquellos firmemente contrarios a las intervenciones estatales, no se puede negar que las propuestas emanadas por el Grupo de Trabajo impulsaran la adopción de criptomonedas.

El hecho de que uno de las primeras sugerencias del reporte sea impulsar la consciencia de las divisas digitales en los países miembros de la comunidad, estando estos 53 países ubicados en los 5 continentes del planeta, profundizará el grado de adopción de las criptomonedas en el mundo al alentar su reconocimiento y difusión. Además, se reconoce el perjuicio de limitar la tecnología blockchain, promoviendo el desarrollo de casos de uso potenciales a través de esta herramienta.

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